Por: John Piedrahita
En la madrugada del miércoles 9 de septiembre de 2020, Javier Ordoñez de 44 años de edad, fue asesinado por dos miembros de la Policía Nacional de Colombia, violando todo tipo de procedimientos y vulnerando los derechos humanos del abogado. Javier Ordoñez era un padre de dos niños de 11 y 15 años de edad respectivamente, era ingeniero aeronáutico y estaba a punto de recibir su título de licenciado en derecho.
El asesinato de Javier Ordoñez, es una clara muestra de cómo el Código de la Policía Nacional de Colombia y la doctrina de seguridad nacional, amparan a la fuerza pública para que se atropellen los derechos ciudadanos. En ese sentido, varixs políticxs colombianos, entre ellxs la alcaldesa de Bogotá Claudia López, hicieron un llamado para reformar las leyes al interior de la institución policial. La alcaldesa mencionó que presidirá una mesa de Derechos Humanos y de Convivencia Distrital para que en conjunto con la Procuradoria, se logre hacer cambios significativos con lo que respecta al uso de la fuerza de los aparatos represivos del Estado.
Ahora bien, el asesinato de Javier Ordoñez no es el único elemento para que se detonaran protestas a lo largo y ancho de Colombia. Solo el 7 de septiembre hubo 3 masacres diferentes en el país, que dejó como saldo 13 víctimas mortales, a manos de grupos paramilitares y en complicidad con el silencio estatal. El Presidente de Colombia Iván Duque expresó que no son masacres lo que ocurre en el país cafetero, sino que son “homicidios colectivos” minimizando la violencia sistemática ejercida por los paramilitares. Por otro lado, en febrero de este año un Policía abusó sexualmente de una mujer en un bus de la institución lo que ya levantaba fuertes críticas contra la fuerza del “orden” en Colombia. El Ejército y la Policía Nacional han demostrado con creces, que están lejos de ser instituciones que garanticen “seguridad” a la sociedad civil, por el contrario, son sus verdugos: asesinan gente inocente, se hacen de la vista gorda ante las masacres a líderes sociales e incluso abusan sexualmente de niñas y mujeres.
Las protestas por el asesinato de Javier Ordoñez no se hicieron esperar, desde las 4 de la tarde del miércoles 10 de septiembre de 2020, varios ciudadanos se reunieron en el CAI de Villaluz en Engativa (Bogotá), en donde se dieron enfrentamientos con la Policía, en una clara desigualdad de fuerzas. Sectores conservadores colombianos llaman vandalismo a las manifestaciones por la muerte de Javier, ignorando que cuando el Estado no te garantiza ni la vida, la resistencia no es violencia, sino legítima defensa. Ese mismo sector conservador y reaccionario de la sociedad colombiana, se sumaba a las protestas por el asesinato del ciudadano Afroamericano en Estados Unidos y ahora tildan de “delincuentes” a quienes protestan en Colombia.
La desigualdad de fuerzas se hace evidente. Entre la noche del 9 de septiembre y la mañana del 10, ocho personas fueron asesinadas por miembros del Escuadrón Móvil Anti Disturbios y la Policía Nacional, entre ellos un menor de edad de 16 años de nombre Jaider Fonseca. Así mismo, 248 personas se encuentran gravemente heridas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo en Colombia deben estar vigilantes ante estos crímenes de lesa humanidad, que si no se denuncian ante la comunidad internacional, seguramente serán olvidados por la “justicia” colombiana, misma que se encuentra cooptada por el uribismo y que es defensora del orden establecido.
La clase política colombiana ha construido una política de “seguridad nacional” basada en la muerte, y han profundizado los accionares violentos y letales de la fuerza pública, convirtiendo a Colombia en una burla ante cualquier sistema democrático. En un país donde no se respeta la vida de los ciudadanos, es obvio que no existe democracia y que las fuerzas represivas estatales, defienden al soberano que funge como dictador, aunque en las encuestas sea ilegítimo y no cuente con apoyo popular. Solo desde el año 2017, 639 personas han sido asesinadas por “procedimientos policiales”.
En el marco de las protestas por el asesinato de Javier Ordoñez, el Ministro de Defensa colombiano se comunicó en la madrugada del 10 de septiembre, y mencionó que 300 militares y 850 policías se sumarían a la represión civil que existe en la capital. Es evidente que el Estado de derecho no existe en Colombia, la violencia va en escalada mientras que el Gobierno lo único que hace es incrementar el número de mercenarios para reprimir y asesinar a la gente en las calles.
Qué la historia nunca olvide que la noche del 9 y la madrugada del 10 de septiembre de 2020, fue la noche del terror policial financiado por el Gobierno de Iván Duque.
Fotografía: Luis Carlos Ayala
ContraKultura Revista 